Uruguay: El precario mundo laboral de la seguridad privada Obreros con botas

Obreros con botas

SURda

Notas

Daiana García

Salen a la calle con una capacitación que no les brinda herramientas para protegerse, con chalecos y armas en mal estado. Varios ya peinan canas y otros tantos nacieron en República Dominicana, Paraguay o Venezuela. Los trabajadores de la seguridad privada tienen un rol preponderante en una sociedad que cada vez demanda más servicios de esta naturaleza, pero ganan como proletarios sumergidos.

Apenas apoyados en un taburete, refugiados en casillas de chapa, expuestos al sol o al frío, parados a la entrada de un supermercado o de un banco, cumplen su horario, a paso de tortuga, buena parte de estos trabajadores.

Es un sector que se despliega en un gran abanico de subrubros: el transporte de valores, la custodia de locales comerciales, de cobranza y bancarios, los servicios de seguridad de los boliches nocturnos y de espectáculos deportivos, la vigilancia de grandes predios rurales, de guardaespaldas y de atención a las alarmas, que en general incluyen la respuesta de efectivos en el lugar. Los hay armados, con perros, a pie, motorizados e incluso a caballo en zonas agrarias. Esa amplia gama en el ejercicio de la seguridad privada se traduce en realidades variopintas y en salarios y condiciones laborales muy diversas.

El rubro está regulado por la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), que pertenece al Ministerio del Interior (MI), y su labor consiste en habilitar y llevar el registro de las firmas, inspeccionar y fiscalizar su funcionamiento y controlar que se realicen las capacitaciones.

Se trata de un sector que ocupa a 26 mil trabajadores, una cifra que se duplicó en los últimos diez años. Según Gerardo Rey, inspector de Trabajo y Seguridad Social, esto se debe no sólo al crecimiento de la actividad sino a que aumentó la formalización (ahora la informalidad está en un 9 por ciento, cuando el promedio del país es de 24). Sin embargo, persiste la queja de los empleados del rubro por la precarización del trabajo que realizan, y quizás esa sea la razón por la que tienen un promedio de rotación de personal del 60 por ciento anual.

En Uruguay las empresas de seguridad se dividen en dos grandes grupos, unas pocas multinacionales (como Prosegur, Securitas y G4S, que ocupan a algo menos de la mitad de los trabajadores), y las empresas nacionales, que son pequeñas o de mediano porte. Hoy hay unas 328 firmas registradas, de acuerdo a la información proporcionada a Brecha por Charles Carrera, director general de Secretaría en el MI, pero a este número hay que sumar las que cumplen tareas de seguridad sin formar parte del rubro. A su vez, Rey explicó que algunos comerciantes delegan este tipo de actividad en sus propios empleados para evitar contratar el servicio, y es por esa razón que se calcula que la cantidad de trabajadores dedicados a la seguridad sea aún mayor. En algunos casos se llega a emplear a personas mayores de 65 años, y una de las explicaciones manejadas para que se emplee gente de tal edad es que algunos seguros exigen la presencia de un guardia en el local, más allá de la función intrínseca del trabajador.

Al bajo precio de la necesidad

Son percibidos por gran parte de la sociedad como primos hermanos de la Policía, por lo cual, aunque no trabajan para quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza, sufren grados de rechazo similar en algunos segmentos de la población. “Pichón de alcahuete” es un apodo que dos por tres alguien les endilga. La forma en que interactúan con los usuarios, las exigencias laborales, la quietud y el ocio que caracterizan a la tarea, les han costado a muchos un gran desgaste psicológico y varias certificaciones por estrés laboral. Pero eso no es lo más duro que enfrentan.

Si bien existe una diversidad de salarios, porque incluso algunos hacen la temporada en Punta del Este, no son pocos los que cobran el laudo, que hoy está en 19.972 pesos nominales por mes por 48 horas semanales. Su remuneración líquida oscilará entre los 15.753 y los 16.052 pesos, dependiendo de si aportan al Fonasa por su núcleo familiar o no. Muchos cumplen regularmente jornadas de 12 horas para cobrar cuatro de ellas como extra, o tienen dos empleos, en general dentro del rubro, vigilando hasta que la aguja larga del reloj da unas 16 vueltas en la esfera cada día.

El perfil de los trabajadores es variado, aunque se trata en su mayoría de hombres, relata Eduardo Camargo, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Unatrase), nucleada en la Federación Nacional de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys). Se estima que solamente hay unas tres mil trabajadoras. Es un área comercial (porque no deja de serlo) que en términos generales se compone de retirados policiales, militares jubilados o en actividad, jóvenes padres de familia, algunos estudiantes y una fuerte presencia de población migrante, sobre todo de dominicanos, aunque según los registros del Ministerio de Trabajo también hay una presencia fuerte de paraguayos y venezolanos. De hecho, es uno de los sectores donde las inspecciones constatan mayor presencia de extranjeros. Si bien están “en blanco” y perciben el mismo salario por la misma tarea que los trabajadores nacionales, Camargo relata que es común que quieran “hacerles la caída” con las liquidaciones y vulnerar algunos de sus derechos, aprovechando su desconocimiento de las leyes laborales.

Los requisitos para ejercer la tarea son distintos según las empresas y la función del trabajador. A modo de ejemplo, los que brindan servicios de seguridad electrónica son técnicos y se les exigen estudios terciarios, pero se trata de la minoría de los casos. Para gran parte de los puestos de trabajo las exigencias son bastante menores. Óscar Hernández, presidente de la Cámara Empresarial de Seguridad Integral (Cesi), que nuclea a las empresas nacionales y forma parte de la Cámara de Comercio, detalló a Brecha que aproximadamente el 80 por ciento de los trabajadores no han completado el ciclo básico. Si bien no todas las empresas contratan con los mismos criterios, Hernández considera que es importante –y es algo que declara tratar de imponer en su empresa– que los trabajadores hayan al menos comenzado el liceo, tengan más de 25 años y “preferentemente familia a cargo”, porque pueden afrontar, dice, mayores niveles de responsabilidad. Resulta difícil compatibilizar ese cuadro óptimo con el poco salario que se les paga. Aunque parecería estar en los bajos sueldos la explicación de la alta rotación de personal, Hernández entiende que se debe a otras razones. Argumenta que gran parte de los trabajadores tienen descuentos por retenciones (por su situación familiar) o por créditos impagos, que a veces comienzan a descontarse 90 días después del alta en el Bps, y a su entender, cuando llegan las deducciones es que el trabajador renuncia. A esto se suma que la construcción y la seguridad privada comparten más o menos el mismo personal, por lo que se relacionan de forma inversamente proporcional. Cuando una sube la otra baja.

La formación es también mencionada como un hándicap para los migrantes. El presidente de la Cesi afirma que cada vez son menos las firmas que los aceptan definitivamente, pero dice que no es por discriminación: “La mayoría de las empresas no aceptan mucho dominicano; en mi caso hicimos la prueba, tomamos a algunos, somos muy exigentes con ellos. No es un tema de color de piel, al contrario… La mayoría de los dominicanos que llegan vienen con formación escasa, y la formación escasa de ellos es más baja que la formación escasa en Uruguay”.

Gerardo Rey destaca la alta formalización que ha alcanzado el sector, pero reconoce que aún la mayor parte de las denuncias ante el Mtss son por haberes impagos, mal calculados, el no pago de horas extra o irregularidades en los descansos, y que todas generalmente se constatan.

Otro porcentaje importante de las demandas son por malas condiciones de seguridad e higiene, que en el rubro se traducen en casillas en mal estado, a veces sucias, sin electricidad, donde los trabajadores están expuestos a sofocantes temperaturas veraniegas y al peor frío del invierno. Además se denuncia la falta de baños cercanos –en muchos casos incluso se les prohíbe abandonar el puesto de trabajo–, ausencia de un comedor y de vestuarios. También existen casos de chalecos antibalas vencidos o de talles inapropiados, armas en malas condiciones o uniformes desgastados. Camargo recuerda que en una oportunidad constataron en la empresa G4S que había trabajadores que cumplían sus funciones en el Banco República sin chalecos. Si bien esta falta puntual se enmendó, el dirigente explica que en las instancias de negociación bipartita se trabajan estos asuntos pero muchas veces las empresas no cumplen lo acordado y no subsanan la omisión, es por eso que se ven obligados a denunciar ante la Inspección General del Trabajo.

Hernández entiende que no siempre estos reclamos son válidos, que a veces son producto del desconocimiento de la normativa, y que al sindicato le sería útil un técnico prevencionista que los asesore previamente para determinar qué reclamos son pertinentes y cuáles no. En rigor, Fuecys sí cuenta con este asesoramiento, y según los datos de la Inspección del Trabajo, la gran mayoría de las denuncias del sindicato se comprueban.

De todas formas el presidente de la cámara reconoce que hay casos en que los empresarios no cumplen con la reglamentación y proporcionan herramientas de trabajo en mal estado. Pero además para él es un problema que no estén reguladas las calidades de los materiales, con lo cual las empresas tienen la posibilidad de escatimar costos a la hora de adquirirlos, y en este sentido le reclama un rol mucho más activo a la Digefe como órgano competente, que a su criterio debería ser más específico en este tipo de aspectos. Otro elemento bien distintivo es que la seguridad privada suele ser un servicio tercerizado contratado por públicos y privados, a excepción de casos puntuales, como en Presidencia o en el Palacio Legislativo.

Divide y reinarás

El gremio del rubro, Unatrase, cuenta con un 25 por ciento de adhesión entre los empleados y 51 organizaciones sindicales formadas (del total mencionado de 328 empresas), por lo que le resulta muy difícil conocer y apoyar las realidades restantes. Según Camargo, una explicación para la baja sindicalización es la rotación de personal, pero también que las empresas desestimulan la formación de sindicatos, y que son varios los casos de persecución sindical.

Gerardo Rey relató a Brecha un caso reciente ocurrido en Prosegur, que descontó la totalidad –no el equivalente a un día– del bono por presentismo, luego de que los trabajadores detuvieran las actividades para realizar una asamblea. Tras una primera instancia de negociación en la Dinatra, en la que la empresa no accedió a enmendar su error, el caso pasó a la Inspección del Trabajo, que intimó a corregir la falta, obteniendo nuevamente la negativa de Prosegur. Rey explica que la violación a la libertad sindical acarrea una de las multas más altas que prevé la ley y que puede alcanzar hasta cien veces el salario de cada uno de los trabajadores afectados. La sanción no llegó a imponerse, porque cuando procedían a efectivizarla se llegó a un acuerdo en la Dinatra. La empresa finalmente reconoció el error y abonó los haberes impagos.

Hernández considera que la relación con el sindicato es buena. En cuestiones de salud y seguridad –dice– funcionan muy bien, aunque insiste en que algunos reclamos no tienen sentido y que el gremio necesita estar mejor asesorado.

Tan ilustrados

La capacitación obligatoria que reciben los trabajadores es otro de los flancos débiles del rubro. Charles Carrera se aviene a destacar la importancia de que este sector contribuya en materia de seguridad ciudadana, pero admite que “si hay algo que está mal regulado en Uruguay es la seguridad privada”. Y deposita su confianza en un proyecto de ley que reglamentará al sector, que ya cuenta con la aprobación de los diputados.

Desde la Unatrase denuncian que la capacitación es insuficiente. En general dura tres días en los que se trabaja el Código de la Niñez, el Penal, la legítima defensa, a lo que se suma una prueba de tiro para los guardias armados. Esa es la única diferencia en la formación de unos y otros. Reclaman que los custodias no están capacitados para repeler hechos violentos, reducir a un atacante e incluso desconocen la forma de proteger los sitios del cuerpo que no cubre el chaleco. Consideran que en esta situación el trabajador no sólo se vulnera a sí mismo sino también a las personas que están bajo su custodia: un error de procedimiento o un movimiento inapropiado pueden tener graves consecuencias.

Rey coincide en que la capacitación del sector está descuidada, pero entiende que las herramientas existen, ya que es uno de los roles del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Considera que trabajadores y empresarios deberían articular más con este organismo en busca de solucionar esta carencia.

En conversación con Brecha, Eduardo Pereyra, director del Inefop, suscribió el diagnóstico de Rey. Desde el organismo únicamente se solicita que haya un acuerdo previo entre las partes y a partir de allí se generen las propuestas formativas que no tienen ningún costo extra para los interesados. Tanto Hernández como el sindicato manifestaron a Brecha su voluntad de trabajar en este sentido, pero por el momento el instituto no ha recibido ninguna solicitud. Quizás haya un futuro más prometedor, ya que actualmente la realidad del sector se encuentra en plena discusión en los consejos de salarios, y si bien aún no hay acuerdos formales, se han alcanzado ciertos consensos, algunos de ellos vinculados a la capacitación mediante el Inefop, así como la formación de una tripartita de salud laboral y una recuperación salarial progresiva. Desde el sindicato perciben buena voluntad de las empresas en esta instancia de negociación.

Según Carrera, la piedra angular para solucionar estos problemas se encuentra en el proyecto de ley que espera se apruebe este año. En él se enfatiza en una capacitación más exigente que dependerá de la Dirección Nacional de Educación Policial y no de cada empresa, como sucede actualmente. Esta reglamentación profundizará en los exámenes psicológicos y contará con la participación de jueces, fiscales y policías en la formación práctica y teórica de los trabajadores. Para su redacción se consultó a las empresas y al sindicato. Hernández considera que es un aporte pero que hay que seguir profundizando, Camargo entiende que algunas observaciones del sindicato no fueron atendidas, aunque esperan poder incidir en el futuro.

Fuente: http://brecha.com.uy/